“El especial deber de fundamentación de las resoluciones jurisdiccionales en procesos penales de adolescentes”. Garantías de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en un proceso penal por infracciones a la ley de responsabilidad penal adolescente.

El presente proyecto tiene por objeto el estudio y análisis de un elemento importante del derecho procesal a la acción, en el contexto de un proceso penal en el que los sujetos imputados corresponden a niños, niñas y adolescentes. Tal dimensión corresponde al derecho a impetrar tutela jurisdiccional efectiva frente a un órgano que ejerza jurisdicción, para que dirima el pleito sometido a su conocimiento y que esta decisión esté basada y fundamentada en consideraciones de hecho y de derecho pertinentes al caso. El basamento de la legitimidad de la decisión del órgano judicial reside en que esta debe estar justificada por el mérito de los hechos alegados por las partes y que hayan sido debida y suficientemente introducidos y verificados a través de los medios probatorios que la ley dispone. El trabajo de articular la relación lógica entre los hechos probados en conformidad a los medios de prueba, valorados según la sana crítica y las máximas de la experiencia, y el derecho sustantivo aplicable al caso, constituye una de las principales funciones del juez de fondo, pues es el llamado a ser el tercero imparcial, y precisamente por ese hecho, es que debe dar cuenta acabadamente de las razones que le hicieron inclinarse hacia una u otra versión de los hechos debatidos. Es en la etapa de la dictación de la sentencia definitiva en que finalmente el órgano judicial adopta una postura oficial respecto del asunto en concreto y rompe su inicial imparcialidad. Al decantarse por una opción, el juez acepta o rechaza lo propuesto por las partes y esto implica siempre el agravio para al menos una de ellas (entendido en el sentido procesal de la disconformidad entre lo pedido al tribunal y lo resuelto por este), la cual resultará condenada si el proceso termina con una sentencia definitiva condenatoria. En el proceso penal, es la sentencia condenatoria firme la que destruye la presunción de inocencia, como señala el art. 4 del Código Procesal Penal (en adelante CPP) al disponer que ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme. Por lo tanto, no es menos importante que la fuerza argumentativa de sus fundamentos sea comprensible y a la vez completa para el imputado. Cuando llega el momento de comprobar la vigencia de esta garantía en un proceso penal de adolescentes, es menester exigir de los jueces un rol más proactivo y riguroso en esta tarea. No sólo, el juez, está obligado a dar cuenta detallada de sus razones, sino que también, y esto es especialmente importante en el proceso penal contra un adolescente, sus razones deben ser completas, no parciales o restringidas, y deben ser comunicadas de una manera comprensible y adecuada para su principal receptor: el adolescente imputado o condenado. En una etapa de desarrollo humano como la 4 adolescencia, que tiende a ser una etapa de vulnerabilidad por el proceso de cambio que significa, al enfrentarse con el ius puniendi estatal, poco puede esperarse que comprenda realmente el alcance de sus derechos y de lo que sucede en un proceso penal en el que se encuentra en la posición de imputado, y es por esto que el juez debe cumplir un rol especial (inclusive pedagógico) cuando decide y cuando comunica sus decisiones relativas a materias que limitan o restringen los derechos fundamentales del adolescente. Por cierto, la más importante de estas instancias será la sentencia definitiva que, como se dijo, derriba la presunción de inocencia, pero no escapan de estos deberes otro tipo de decisiones jurisdiccionales importantes del proceso que, también por su trascendencia, merecen una reflexión en cuanto a la calidad de sus fundamentos. Estamos pensado en resoluciones como la resolución que acepta o rechaza la internación provisoria como medida cautelar; y aquella que da lugar o deniega el curso del procedimiento a través de alguno de los procedimientos especiales contemplados por la ley procesal como el procedimiento abreviado o el simplificado con admisión de responsabilidad cuando al adoptar alguno de aquellos se renuncia al juicio oral y también, en cierta medida, a la presunción de inocencia. Describir y analizar dichos estándares legales y doctrinales presentes en el sistema chileno y el sistema internacional de derechos humanos y del niño, y poder concluir qué es lo exigible y lo esperable de los órganos de la justicia penal cuando dan cuenta de sus decisiones a especiales sujetos de derecho, según la ley vigente y la reciente reforma que permanece en vacancia legal, constituyen los ejes centrales de esta tesina. Se desarrollará nuestro tópico en el siguiente sentido: la fundamentación de la sentencia como garantía fundamental de los justiciables y los elementos y criterios esenciales que deben respaldar aquella, permitiendo un control de calidad de la decisión más riguroso, en el marco de la ley N°20.084 sobre responsabilidad penal adolescente.