Sobre la necesidad de regular con mayor precisión el ejercicio racional del Principio de Oportunidad

Esta investigación aborda el estudio sobre la interrogante de si hubo necesidad de incorporar, por la Ley N°20.931, en el Código Procesal Penal, el deber del Ministerio Público de regular un uso racional del principio de oportunidad del art. 170. El interés del estudio radica en que se trata de una facultad que implica el uso de discreción reglada, es decir, de un mínimo de espacio de libertad de decisión, cuyo uso ya se venía reglamentando por la autoridad del órgano persecutor desde la implementación de la reforma procesal penal. Lo que llama la atención es que no se ha observado un cambio sustantivo en la normativa administrativa del Ministerio Público, entonces cabe la pregunta de si fue necesario reglamentar.