Examinando por Autor "Meneses Pacheco, Claudio"
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Opciones de ordenación
Ítem Alcance de la exclusión de prueba por manifiesta impertinencia en el proceso penal chileno(Universidad de Valparaíso, 2012) Obando Herrera, Sandra; Meneses Pacheco, ClaudioÍtem Análisis jurisprudencial del artículo 434 N° 4, inciso segundo, del código de procedimiento civil : ¿Es necesaria la presencia “ante” notario del obligado al pago de los documentos mercantiles señalados en dicho precepto?(Universidad de Valparaíso, 2017) Meyer Bustos, Ewald; Meneses Pacheco, ClaudioÍtem Análisis sistemático de sentencias de la excelentísima Corte Suprema Durante los años 2015 y 2016 respecto de la palabra "Indicios" del Artículo 85 del Código Procesal Penal.(Universidad de Valparaíso, 2016) Urrutia López, Mauricio; Meneses Pacheco, ClaudioÍtem Componentes de la prueba pericial en el sistema procesal penal chileno.(Universidad de Valparaíso, 2008) Ruiz Herrera, Alejandra; Meneses Pacheco, ClaudioÍtem ¿Consagra nuestra Constitución el derecho al debido proceso?(Universidad de Valparaíso, 2010) González Romano, Annaí; Meneses Pacheco, ClaudioEl presente trabajo de tesina tiene por objeto principal determinar si dentro de los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución Política se encuentra establecido el derecho al debido proceso. En forma expresa no se señala, sin embargo a partir del análisis de las actas oficiales, es posible afirmar que era precisamente este derecho el que se quiso establecer cuando se dispuso en el articulo 19 Nº 3 inciso 5º, segunda parte : “Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.” El reconocimiento con rango constitucional del derecho al debido proceso, independiente de la fórmula que se utilice, tiene la importancia de establecer un sistema de protección de derechos que reconoce en la dignidad del hombre, un mínimo de garantías, imposible de prescindir en el ejercicio de la jurisdicción.Ítem “El especial deber de fundamentación de las resoluciones jurisdiccionales en procesos penales de adolescentes”. Garantías de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en un proceso penal por infracciones a la ley de responsabilidad penal adolescente.(Universidad de Valparaíso, 2023) Fernández Cárcamo, Sofía Ignacia; Molina Contreras, Roldán Pascal; Meneses Pacheco, ClaudioEl presente proyecto tiene por objeto el estudio y análisis de un elemento importante del derecho procesal a la acción, en el contexto de un proceso penal en el que los sujetos imputados corresponden a niños, niñas y adolescentes. Tal dimensión corresponde al derecho a impetrar tutela jurisdiccional efectiva frente a un órgano que ejerza jurisdicción, para que dirima el pleito sometido a su conocimiento y que esta decisión esté basada y fundamentada en consideraciones de hecho y de derecho pertinentes al caso. El basamento de la legitimidad de la decisión del órgano judicial reside en que esta debe estar justificada por el mérito de los hechos alegados por las partes y que hayan sido debida y suficientemente introducidos y verificados a través de los medios probatorios que la ley dispone. El trabajo de articular la relación lógica entre los hechos probados en conformidad a los medios de prueba, valorados según la sana crítica y las máximas de la experiencia, y el derecho sustantivo aplicable al caso, constituye una de las principales funciones del juez de fondo, pues es el llamado a ser el tercero imparcial, y precisamente por ese hecho, es que debe dar cuenta acabadamente de las razones que le hicieron inclinarse hacia una u otra versión de los hechos debatidos. Es en la etapa de la dictación de la sentencia definitiva en que finalmente el órgano judicial adopta una postura oficial respecto del asunto en concreto y rompe su inicial imparcialidad. Al decantarse por una opción, el juez acepta o rechaza lo propuesto por las partes y esto implica siempre el agravio para al menos una de ellas (entendido en el sentido procesal de la disconformidad entre lo pedido al tribunal y lo resuelto por este), la cual resultará condenada si el proceso termina con una sentencia definitiva condenatoria. En el proceso penal, es la sentencia condenatoria firme la que destruye la presunción de inocencia, como señala el art. 4 del Código Procesal Penal (en adelante CPP) al disponer que ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme. Por lo tanto, no es menos importante que la fuerza argumentativa de sus fundamentos sea comprensible y a la vez completa para el imputado. Cuando llega el momento de comprobar la vigencia de esta garantía en un proceso penal de adolescentes, es menester exigir de los jueces un rol más proactivo y riguroso en esta tarea. No sólo, el juez, está obligado a dar cuenta detallada de sus razones, sino que también, y esto es especialmente importante en el proceso penal contra un adolescente, sus razones deben ser completas, no parciales o restringidas, y deben ser comunicadas de una manera comprensible y adecuada para su principal receptor: el adolescente imputado o condenado. En una etapa de desarrollo humano como la 4 adolescencia, que tiende a ser una etapa de vulnerabilidad por el proceso de cambio que significa, al enfrentarse con el ius puniendi estatal, poco puede esperarse que comprenda realmente el alcance de sus derechos y de lo que sucede en un proceso penal en el que se encuentra en la posición de imputado, y es por esto que el juez debe cumplir un rol especial (inclusive pedagógico) cuando decide y cuando comunica sus decisiones relativas a materias que limitan o restringen los derechos fundamentales del adolescente. Por cierto, la más importante de estas instancias será la sentencia definitiva que, como se dijo, derriba la presunción de inocencia, pero no escapan de estos deberes otro tipo de decisiones jurisdiccionales importantes del proceso que, también por su trascendencia, merecen una reflexión en cuanto a la calidad de sus fundamentos. Estamos pensado en resoluciones como la resolución que acepta o rechaza la internación provisoria como medida cautelar; y aquella que da lugar o deniega el curso del procedimiento a través de alguno de los procedimientos especiales contemplados por la ley procesal como el procedimiento abreviado o el simplificado con admisión de responsabilidad cuando al adoptar alguno de aquellos se renuncia al juicio oral y también, en cierta medida, a la presunción de inocencia. Describir y analizar dichos estándares legales y doctrinales presentes en el sistema chileno y el sistema internacional de derechos humanos y del niño, y poder concluir qué es lo exigible y lo esperable de los órganos de la justicia penal cuando dan cuenta de sus decisiones a especiales sujetos de derecho, según la ley vigente y la reciente reforma que permanece en vacancia legal, constituyen los ejes centrales de esta tesina. Se desarrollará nuestro tópico en el siguiente sentido: la fundamentación de la sentencia como garantía fundamental de los justiciables y los elementos y criterios esenciales que deben respaldar aquella, permitiendo un control de calidad de la decisión más riguroso, en el marco de la ley N°20.084 sobre responsabilidad penal adolescente.Ítem El estado como ofendido y querellante : el querellante oficial y su afectación de algunos principios procesales.(Universidad de Valparaíso, 2009) Cuevas Villegas, Christian Eduardo; Meneses Pacheco, ClaudioÍtem El valor probatorio en el proceso civil del expediente administrativo y los antecedentes recopilados por la superintendencia de valores y seguros (SVS)(Universidad de Valparaíso, 2015) Vera Maira, Francisca; Meneses Pacheco, ClaudioEste trabajo estudia el valor probatorio en el proceso jurisdiccional contemplado en el artículo 30 del D.L. Nº 3.538 de los antecedentes que recopiló la Superintendencia de Valores y Seguros en la fase administrativa del procedimiento administrativo sancionador, a la luz del debido proceso y la tutela judicial efectiva. A continuación se analiza la naturaleza jurídica del procedimiento contencioso administrativo, del expediente, y tomaremos posiciones respecto a la prueba. Llegaremos a la conclusión de que la prueba administrativa no tiene mérito probatorio en este proceso civil, salvo validación expresa de ciertas pruebas, las que además se valorarán según las reglas de la sana crítica.Ítem Es posible cuantificar el estándar probatorio de "mas allá de toda duda razonable" exigido para condenar por el art. 340 CPP(Universidad de Valparaíso, 2011) Chiang Cáceres, Gonzalo; Meneses Pacheco, ClaudioEl art. 340 CPP establece el estándar probatorio necesario para condenar en el marco de un proceso penal. Se tomó del sistema anglosajón el estándar de “más allá de toda duda razonable” el que genera dudas en el extranjero y se demuestra desconocimiento de sus alcances en Chile. Ahora, existió un error al momento de redactar dicho artículo al hablar de convicción siendo que se debió hablar de corroboración para así concordar con las exigencias del art. 297 CPP. El propósito del trabajo es establecer si es posible proponer el nivel de corroboración de la hipótesis de hecho al que equivale la duda razonable, indicando que, con base en lo señalado por la doctrina, pareciera adecuado y aceptable situar el nivel de corroboración que significa la duda razonable en torno al 90%.Ítem ¿Es procedente el recurso de casación en el fondo por infracción a las reglas de la sana crítica?(Universidad de Valparaíso, 2019) Espinoza Ormeño, Felipe; Ferreira Cifuentes, Cristopher; Meneses Pacheco, Claudio;La sana crítica es un sistema en que el valor de los medios probatorios no se encuentra predeterminado por ley, otorgándose discrecionalidad al juez en la tarea de asignar mérito a cada uno. No obstante, tal sistema contempla parámetros racionales y objetivos que el tribunal deberá respetar al momento de efectuar dicha valoración y que se desglosan en las máximas de la experiencia, los conocimientos científicamente afianzados y los principios de la lógica. Así lo dispone una serie de preceptos jurídicos de nuestro ordenamiento, y lo reconoce tanto la doctrina como la jurisprudencia. Por su parte, la casación en el fondo es un recurso de nulidad que tiene por objeto invalidar una sentencia en los casos expresamente señalados en la ley y que será procedente cuando se infrinjan los parámetros racionales antes mencionados, debido a que tendrían el estatus de una ley sustantiva, siendo plausible su interposición siempre que la conculcación de tales reglas haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.Ítem ¿Existen motivos para excluir la prueba producida por investigadores privados?(Universidad de Valparaíso, 2013) Chávez Poza, Valentina; Nascimento Aravena, Constanza Do; Meneses Pacheco, ClaudioEn este artículo se analizará la cabida que tiene la investigación privada en el proceso penal chileno, cuyos límites se encuentran tanto en lo dispuesto en el artículo 83 CPR, como en los derechos fundamentales consagrados en la CPR y en los tratados internacionales vigentes. Estos límites una vez franqueados dan paso a las exclusiones de prueba ilícita, si se trata principalmente de prueba de cargo, ya que dichas exclusiones tienen como objeto principal la protección del imputado ante los excesos del ius puniendi.Ítem Facultad del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal para analizar la suficiencia de la autorización de una medida de interceptación de comunicaciones telefónicas y determinar la ilicitud de la prueba obtenida a partir de ella.(Universidad de Valparaíso, 2022) Contreras Pérez, Ignacio; Vargas Martínez, Ariel; Meneses Pacheco, ClaudioEl presente trabajo tiene por objeto analizar y establecer la facultad de los TJOP para determinar la suficiencia de la medida de interceptación de comunicaciones telefónicas, seguido de ello poder determinar la licitud o ilicitud de la prueba obtenida mediante la ejecución de esta medida. Para lograr determinar dicha facultad se deberá comprender cuál es labor que se despliega por parte del Juzgado de Garantía en orden a efectuar una revisión previa de la medida y del contenido derivado de la misma. Lo anterior sobre el transcurso de distintas etapas tales como la procedencia, obtención y admisión. Existen posturas doctrinarias contrarias que se han manifestado respecto a esta temática. Sin embargo, más allá de la discusión doctrinal, se pueden identificar cuáles son aquellas hipótesis que a nivel jurisprudencial se reconoce el ejercicio de esta facultad por parte de los TJOP.Ítem Fraude procesal : Protección de los terceros en un juicio civil frente al fraude procesal.(Universidad de Valparaíso, 2011) Servieri Troncoso, Melissa Andrea; Villegas Orostegui, Francisco Andrés; Meneses Pacheco, ClaudioEl objetivo del presente trabajo es ahondar en la figura del fraude procesal y en diversos casos que se pueden dar en su entorno. Los métodos de análisis que utilizaremos para ello son variados, comenzaremos con un método analítico; incluiremos un proceso deductivo, donde de una situación en general deduciremos una particular; finalmente usaremos la comparación analítica con el derecho comparado; todos estos métodos investigativos llevaran a que éste sea un trabajo cohesionado en su totalidad. El resultado principal del presente análisis, es constatar que en torno al tema del fraude procesal hay múltiples situaciones que se pueden suscitar, una en particular, que aún no tiene solución legal ni doctrinaria, es la relación del fraude y los terceros, hemos encontrado tres posibilidades para sancionar el o los actos fraudulento, en base a distintas corrientes de opinión al respecto.Ítem Gestiones preparatorias de la vía ejecutiva : la sustitución de las gestiones preparatorias por el procedimiento monitorio(Universidad de Valparaíso, 2011) Herrera Caballero, Hernán; Meneses Pacheco, ClaudioEl objeto del presente trabajo es determinar la sustitución de las gestiones preparatorias por el procedimiento monitorio, para hacer frente a la serie de cuestionamientos que se ha presentado con motivo de los títulos ejecutivos imperfectos. Buscando, principalmente la seguridad y garantía de los sujetos intervinientes en el proceso; para ello, analizaremos el concepto: naturaleza jurídica, tipos y características de ambas instituciones; identificar los problemas que se presentan con motivo de las gestiones preparatorias; si el procedimiento monitorio constituye un mecanismo que brinde solución a la problemática que acontece en la realidad social actual; y finalmente, plantear las razones de porque consideramos al procedimiento monitorio, como mecanismo idóneo para sustituir a las gestiones preparatorias.Ítem La acción preventiva del artículo 2333 del código civil : caracteristicas y procedimiento(Universidad de Valparaíso, 2010) Poblete Fernández, Daniela; Meneses Pacheco, ClaudioÍtem La autarquía del título ejecutivo en el juicio ejecutivo para las obligaciones de dar(Universidad de Valparaíso, 2010) Jiménez García, Felipe; Meneses Pacheco, ClaudioEl título ejecutivo, al permitir fundar una ejecución sin discusión previa sobre la existencia, determinación y elementos de la obligación que contiene, debe estar dotado de certeza en cuanto a dar constancia fehaciente de dicha obligación. Esto se logra reservando a la ley la creación de títulos ejecutivos, y estableciendo la necesidad de autosuficiencia o autarquía de éstos: cada título debe bastarse a sí mismo en cuanto a dar constancia indubitada de una obligación, sin que sea posible para ello su complementación con otros documentos. Sin embargo, al estar este elemento consagrado indirectamente en el Título I del Libro III del C.P.C., se dan en la práctica situaciones de complementación que generan incertezas jurídicas sobre el real alcance del requisito de autarquía de los títulos ejecutivos, circunstancia advertida vagamente en la jurisprudencia de nuestros Tribunales y en la doctrina procesal nacional.Ítem La autorización del propietario o encargado no imputado en le diligencia de entrada y registro en lugar cerrado (Art. 205 CPP)(Universidad de Valparaíso, 2018) Urbina Rouse, Vilma; Meneses Pacheco, ClaudioEl derecho fundamental de inviolabilidad del hogar no es absoluto. Sus limitaciones se encuentran expresamente consagradas en la Constitución y las leyes. Una de ellas es la diligencia de entrada y registro en lugar cerrado regulada por el art. 205 CPP, consistente en una actividad de investigación cuya procedencia exige que el imputado o los medios de comprobación del hecho punible investigado se encuentren en un determinado lugar. Pese a que la regla general es la orden judicial previa a la práctica de esta diligencia, existen casos en que la entrada y registro es precedida de la autorización o consentimiento de entrada del dueño o encargado del lugar cerrado. La legitimidad de esta autorización exige considerar aspectos sustantivos y procesales que son particularmente delicados cuando proviene del dueño o encargado que no tiene la calidad de imputado. En esta tesis se analizan tales aspectos, cuya debida consideración es indispensable a los fines de determinar la licitud o ilicitud de las evidencias obtenidas con motivo de la referida diligencia.Ítem La contraprueba en materia de presunciones simplemente legales o relativas(Universidad de Valparaíso, 2020) Rodríguez San Martín, Camila; Meneses Pacheco, ClaudioEste trabajo se ocupa de las presunciones legales simples o relativas dentro de nuestro ordenamiento jurídico chileno en cuanto a su concepción y valor probatorio, cuestión que no ha sido muy profundizada por la doctrina y jurisprudencia nacional a pesar de su gran relevancia. Sin embargo, este trabajo se focalizará principalmente en la contra prueba que procede para desvanecer una presunción establecida por ley, ya que bien señala el artículo 47 del Código Civil que se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley. En razón a esto que surge la pregunta de cuales son las pruebas que caben para poder desvirtuar hecho establecido por medio de una presunción legal y más importante aun es determinar cual es su estándar probatorio, cual es el grade de probabilidad de certeza que debe tener la prueba entregada para derrotar una presunción legal. Estas son preguntas que buscaremos resolver dentro del marco de la doctrina, jurisprudencia y ordenamiento jurídico chileno.Ítem La cosa juzgada en la tutela jurisdiccional de intereses supraindividuales(Universidad de Valparaíso, 2010) Sánchez Sánchez, Carlos; Meneses Pacheco, ClaudioNuestro ordenamiento procesal está inspirado por principios liberales individualistas, los cuales no son aptos y adecuados para la solución de algunos conflictos presentes en la realidad social actual, vinculados principalmente con la tutela de intereses y/o derechos supraindividuales. Propongo en lo siguiente, hacer un análisis de la situación actual en nuestra legislación y jurisprudencia con relación a estos intereses, abordando en concreto el efecto de cosa juzgada en la tutela judicial de los mismos, adhiriendo a la aplicación necesaria de dos principios fundamentales para la protección de estos bienes jurídicos: cosa juzgada con efecto erga omnes y secundum eventum litis (one-way preclusion, en el sistema norteamericano). Considero que ambos brindan lógico funcionamiento del sistema.Ítem La desjudicialización de la ejecución y la protección del crédito en Chile.(Universidad de Valparaíso, 2011) Pavez Jorquera, Álvaro; Meneses Pacheco, ClaudioEste trabajo constituye una aproximación al planteamiento sobre desjurisdiccionalización de la Ejecución de los títulos extrajurisdiccionales, relacionado con la eficaz protección del crédito, planteando aspectos generales en un capítulo introductorio. Analiza, en un segundo capítulo, la Ejecución desde las perspectivas de la eficacia del proceso y la autonomía del mismo, exponiendo las diferencias que reconoce la legislación nacional. En un tercer capítulo aborda la Ejecución jurisdiccional, planteando sus inconvenientes y eventuales soluciones. En el capítulo cuarto trata sobre la desjurisdiccionalización de la Ejecución, haciendo referencias a los sistemas francés, suizo y alemán, y analizando al oficial de Ejecución del proyecto de Código Procesal Civil chileno. Destina el quinto capítulo al Crédito, como bien jurídico y especial objeto de protección, para finalizar con un capítulo de conclusiones, donde se plantea, en esencia, que en Chile no sería posible, bajo el actual orden constitucional, desjurisdiccionalizar la Ejecución de los títulos extrajurisdiccionales.
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